Una visión de lo que será Colombia en el año 2025 compromete intrínsecamente el fortalecimiento de la administración de justicia y materialización de los Derechos Humanos, para que además del desarrollo social y económico, se cuente con una sensibilización en la sociedad de poder reclamar los cambios que permitan alcanzar objetivos del milenio que ilustran sus derechos constitucionales y una vez superado el paradigma del desconocimiento a su protección, por medio de un sistema judicial armónico con las demás ramas del sector publico y privado, con interacción en mecanismos alternos de solución de conflictos, bajo niveles de eficacia, celeridad y modernización, lograr la realización de estos derechos, impartiéndose pronta justicia y superando las necesidades para la época proyectada.
Objetivos del milenio, determinados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la erradicación del hambre y la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil y maternal, la detención del avance del VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis, la sostenibilidad del medio ambiente y el fomento de una asociación mundial para el desarrollo que aúne recursos y voluntades en forma de alianzas entre países ricos y pobres. A partir de los objetivos, se desarrollaron metas concretas e indicadores cuantificables para poder evaluar el progreso alcanzado, que se constituyen en la hoja de ruta de la sociedad internacional en materia de cooperación, reconocida por la soberanía nacional, siendo Colombia uno de los 10 países que pueden servir de ejemplo al resto de las economías en vía de desarrollo para alcanzar los Objetivos del Milenio.
La Declaración del Milenio implica un cambio de paradigma, ya que deja de ser una simple declaración para convertirse en un compromiso de todos los países firmantes con resultados concretos, acatando el mensaje de la declaración cuando hace referencia: “somos la primera generación capaz de erradicar la extrema pobreza, y no queremos perder esta oportunidad”. En Colombia, como uno de los países miembros, falta reducir pobreza, recuperar la gobernabilidad del territorio, traer de vuelta la esperanza a los ciudadanos y recuperar la confianza inversionista, para lograr avances trascendentales en materia social, biodiversidad, mejorar la calidad de la educación, adoptando como formula para la solución de la problemática el reconocimiento de los derechos, identificados a nivel internacional como objetivos del siglo y superados desde el modelo local del País .
Esa cultura de derechos, generará una demanda considerable en cuanto a controversias jurídicas que a través de jueces de equidad podrá tener una pronta y justa resolución, sin embargo para que esta moderna administración de justicia sea fortalecida y pueda dar continuidad y solución a la cultura de la legitimidad, debe superar el inconveniente o carga de los procesos jurídicos de años anteriores que se encuentran represados, generando condiciones de desigualdad, inequidad para los administrados y impunidad, lo que conlleva a pensar en el reto de fortalecer la rama judicial, para que en primera medida funcione y acabe con el fenómeno de los procesos acumulados por más de diez años en asuntos laborales, administrativos y civiles y lo que es mas gravoso en materia de derechos humanos, por medio de jueces de descongestión, con metas claras que efectivamente si se pueda evacuar todos los procesos estancados que además representan cargas del erario de la Nación y la implementación de mecanismos alternos para la decisión de dichos litigios.
Una vez superado el fenómeno de la crisis judicial en cuanto procesos inactivos por nombrarlo de esta forma a aquellos que el paso del tiempo supera lo establecido por la ley siendo evidente al momento de decidirse la vulneración de derechos, se visiona una justicia 2025 con procesos de celeridad, códigos que fomenten en la medida de lo posible la protección por la dignidad humana, el debido proceso, la conciliación, la oralidad en las diferentes áreas del conocimiento como principio rector, inmediatez, que se priorice el uso de la información y la tecnologías, para que los grupos interdisciplinarios y profesionales en compañía de los Fiscales y Jueces en un número que sea proporcional al numero de demandas y no como a la fecha se presenta donde un despacho judicial tiene una carga de procesos que supera la capacidad real en cuento al personal que en la misma labora, pueda desempeñarse con eficiencia en la prestación de un servicio público, que por el carácter de oficial no represente baja calidad en el servicio sino por el contrario la optimización de recursos y el buen desempeño digno de competir con el sector privado o de ser reconocidos por los demás sectores, aunado para finalizar con una infraestructura que se presente bajo centros administrativos donde las diferentes ramas del poder funcionen, con plantas físicas modernas dignas de alma màter de la administración de justicia.
Encontrando en Colombia 2025, la realización del Estado Social de Derecho, fundamentado en el avance del estado de las leyes a un estado preponderante en su actuar por el respeto a la dignidad humana y demás derechos fundamentales, la solución o camino a la superación de los objetivos del milenio y la modernizaciòn de la administración de justicia que promete dar continuidad a las controversias jurídicas que del ejercicio entre derechos se presenten.
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